Cada año, medio millón de mujeres aborta en la Argentina. La cuarta
parte son menores de edad. En esa franja vulnerable trabaja Sandra Vázquez,
médica de la primera consejería creada para dar respuesta a adolescentes con embarazos
no deseados. Cómo es ejercer justo en el
límite entre la desesperación y la ilegalidad.
-Si esto es una
consejería, ¿podríamos decir que sos una especie de consejera del aborto?
-Ni se te ocurra, hasta la
palabra consejería preferimos evitar. Mejor hablar de asesoramiento del antes y
el después. A algunos les cuesta entender, pero se trata simplemente de
brindar información sobre lo que implica interrumpir un embarazo para que, si
ya tomaron la decisión, no corran riesgos con la metodología que vayan a
utilizar.
Sandra Vázquez es
ginecóloga, tiene 51 años y desde hace 23 trabaja en el Servicio de
Adolescencia del Hospital Argerich, el primero que implementó, en 2004, una
oficina de atención especial para chicas en situación de aborto. Cada semana
llegan hasta ahí de tres a cuatro chicas, que oscilan entre los 10 y los 21
años, quedaron embarazadas y necesitan ayuda.
“Lo que sabemos es que la
mujer que está decidida a interrumpir el embarazo, lo va a hacer tenga o no la
ley a favor. Nosotros tratamos de respetar la decisión autónoma de la
paciente, sea cual fuere, sin juzgarla. Por ejemplo, si viene una adolescente
embarazada de 15 semanas, le explicamos que cualquier cosa que haga va a
implicar un riesgo para ella, y le hablamos de otras opciones, como puede ser
dar en adopción al bebé. Si nos dicen que se van a poner una sonda, les
advertimos el peligro que ese método implica. Y cuando llegan con el dato de
‘la medicación’, lo que hacemos es orientarlas para que utilicen la dosis adecuada,
y no hagan disparates”.
La ‘medicación’ de
la que habla la doctora Vázquez es el misoprostol,
una droga indicada para el tratamiento de las úlceras gástricas que sirve
también para inducir contracciones uterinas. El uso de esta pastilla como método
abortivo se convirtió en una tendencia en los últimos años, sobre todo entre
las adolescentes. Tanto, que cambió la incidencia de atención en los hospitales
públicos: disminuyeron las infecciones y hemorragias graves por abortos
provocados y aumentaron los casos de mujeres que van al hospital para que les
completen el proceso iniciado con ese remedio.
“Las redes
sociales y el boca a boca difundieron masivamente las propiedades del misoprostol. Es un
medicamento que no esta autorizado para uso obstétrico y que nosotros no
indicamos, ni tampoco recetamos, pero la realidad es que las mujeres lo
consiguen y lo compran. Ante eso, lo que hacemos es brindar información cuando
una paciente dice que lo va a utilizar; información científica que figura en
las guías de la
Organización Mundial de la Salud y la Federación
Latinoamericana de Obstetricia.”
No es una muletilla.
Sandra Vázquez repite la palabra “información” como un mantra. Insiste,
machaca. Para ella hablar es la clave y la información -nunca más valiosa esta
redundancia- es el ejercicio necesario para desarticular los tabúes. Hija de
padre ginecólogo y madre partera, en su casa nunca el sexo ni el embarazo ni
los anticonceptivos ni el aborto fueron malas palabras. “En mi familia se
habló siempre abiertamente; hubo muchos abortos y mucha ayuda a mujeres que
estaban en situaciones complicadas. Incluso tuve casos muy cercanos, de
familiares directos”.
Fue ella, después
de investigar la proliferación y el mal uso que se le daba al misoprostol, quien le
propuso a las autoridades del Argerich habilitar un servicio para asesorar a
adolescentes embarazadas y dispuestas a abortar.
-¿Cómo es trabajar
en esa línea tan delgada entre la desesperación y la ilegalidad?
-Uno no puede cerrarle la
puerta a una mujer que viene a pedir ayuda. Si lo que ella va a hacer es
ilegal, hablar de eso no está fuera de la ley. Nosotros estaríamos
haciendo algo ilegal si interviniésemos en el momento de la interrupción del
embarazo. Pero toda contención anterior, y todo el tiempo posterior, de
controles y de ofrecer alternativas de métodos anticonceptivos para el futuro,
no. Este modelo lo copiamos de Uruguay; ellos ofrecen el servicio de
asesoramiento a mujeres de cualquier edad, y así lograron bajar la
mortalidad a cero.
Ella fue el resquicio.
Mientras el debate de fondo se posterga, mientras se preparan protocolos
de atención para casos no punibles, mientras el colectivo feminista marcha para
que se respete la decisión sobre el propio cuerpo y la Iglesia pone el grito
en el cielo, el sistema público de salud encontró la manera de que las
mujeres no queden desprotegidas.
“Hay que sensibilizar a
los profesionales; de hecho los ginecólogos son los más duros, aunque parezca
mentira. En general son ellos los que ponen la barrera cuando una mujer se
acerca a pedir ayuda. Nosotros, como médicos, tenemos la obligación de que
esa mujer no se muera, no se inyecte, no termine perforada y de que si el día
de mañana quiere tener un hijo, esté en condiciones de hacerlo”.
A partir del proyecto del
Argerich, otros hospitales de distintas provincias replicaron la idea e
implementaron sus propias consejerías. En la misma línea, el Ministerio de
Salud de la Nación ,
a través del 0800 de salud reproductiva, brinda un listado de servicios
‘amigables’; es decir, lugares de atención segura donde poder consultar sin
correr el riesgo de ser denunciada.
“Mueren cerca de cien
mujeres por año como consecuencia de complicaciones por abortos mal hechos. Acá
no pasa por lo que uno piensa en lo personal, sino por una obligación de dar
respuesta a nuestros pacientes. Mi función dentro del sistema es intentar
reducir la mortalidad materna”.
-Pero vos tendrás
tu posición tomada sobre la despenalización…
Yo creo que es un tema que
hay que enfrentar y discutir. Si no, es como meter la cabeza debajo de la
baldosa. La realidad es que las mujeres abortan. Y que hay que trabajar en una
serie de acciones paralelas para disminuir los embarazos no deseados, pero
también debemos evitar que corran riesgos aquellas que decidan interrumpirlos.
Yo podré estar a favor de la despenalización, y de hecho lo estoy. Eso sí,
necesitamos que si se logran las leyes, se cumplan. La educación sexual es ley
desde hace seis años y no se está cumpliendo adecuadamente. Hay provincias
enteras donde los DIU no se colocan y los anticonceptivos no se entregan si el
adolescente no va acompañado de un adulto. Entonces me parece que el cambio que
se necesita es más profundo. Despenalizar el aborto no va a cambiar nada si
todavía hay médicos que creen que hablar del tema está prohibido.
Valeria Sampedro.
(comparto el trabajo que hicimos para Telenoche sobre el modelo de Consejería que implementó Uruguay antes de la legalización del aborto)
http://www.eltrecetv.com.ar/telenoche/un-plan-para-luchar-contra-la-mortalidad-materna_057715
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